Contratar a un perito judicial tributario resulta necesario cuando el resultado de un procedimiento depende de una cuestión técnica de valoración, cálculo o reconstrucción de hechos que el contribuyente debe probar. Lo prudente es hacerlo en cuanto se detecta la controversia, comprobar su independencia, su especialización y su método de trabajo, y definir por escrito el objeto del encargo antes de que empiece a trabajar.
La figura del perito suele confundirse con la de un asesor o un abogado. No lo es: el perito no defiende a una parte, sino que emite un juicio técnico que otros órganos valorarán. Por eso la forma de elegirlo y de plantearle el trabajo condiciona la utilidad real del dictamen. En este artículo repasamos los supuestos en que conviene recurrir a él, los requisitos que debe reunir y los pasos de una contratación ordenada. Quien quiera conocer cómo concebimos esta labor puede visitar la página sobre el informe pericial.
Qué hace exactamente un perito judicial tributario
Su función es aportar conocimientos especializados que el órgano decisor, sea un inspector, un tribunal económico-administrativo o un juez, no necesariamente posee. En materia procesal, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la prueba pericial en sus artículos 335 y siguientes: el perito debe manifestar que actúa con la mayor objetividad posible y que conoce las consecuencias de incurrir en falsedad o en ocultación de datos relevantes. Esa obligación de objetividad es lo que da valor a su opinión.
En el ámbito tributario, el perito suele intervenir en valoraciones de empresas, bienes y derechos, en la cuantificación de bases imponibles, en la verificación de requisitos de regímenes especiales y en la reconstrucción contable de ejercicios cuestionados. Puede actuar a instancia de parte o designado por el órgano judicial, y en ambos casos su informe se somete a contradicción.
Cuándo es recomendable contratarlo
- Valores discutidos: la Administración comprueba un valor y propone otro distinto del declarado.
- Operaciones complejas: reestructuraciones, aportaciones, operaciones vinculadas o transmisiones de participaciones cuya justificación económica puede ser cuestionada.
- Documentación incompleta: hay que reconstruir cifras y acreditar su razonabilidad.
- Recursos o litigios en marcha: se necesita una prueba que pueda ratificarse y defenderse en sede judicial.
- Decisiones futuras: antes de ejecutar una operación relevante, para respaldar la postura que se va a adoptar.
Cuanto antes se contrata, más margen existe para recopilar pruebas y ordenarlas. En la práctica, la mayoría de los problemas probatorios no nacen de un mal dictamen, sino de una intervención tardía.
Requisitos que debe cumplir
Independencia y objetividad
El perito no puede tener un interés directo en el resultado del procedimiento ni una relación que comprometa su criterio. Debe informar de cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad. Un perito que promete una conclusión concreta antes de estudiar el expediente no está actuando como tal.
Formación y experiencia acreditables
La materia tributaria y de valoración exige conocimientos de contabilidad, finanzas, derecho tributario y procedimiento. Conviene pedir referencias de trabajos comparables, formación específica y, en su caso, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. Sobre este punto hemos publicado una guía más detallada: cómo elegir al perito judicial tributario adecuado.
Método transparente y cálculos verificables
El informe debe permitir que un tercero reproduzca los cálculos. Un profesional serio explica qué métodos usa, por qué y qué alternativas descarta, y entrega anexos de apoyo.
Capacidad de ratificar y defender el informe
Un dictamen que se aporta a un proceso puede llevar a que el perito sea llamado a declarar. Debe estar preparado para responder preguntas de la parte contraria y del tribunal sin contradecirse con lo escrito.
Cómo se desarrolla una contratación ordenada
- Reunión inicial: se expone el caso y se identifican las preguntas técnicas que realmente plantea.
- Propuesta de encargo: por escrito, con alcance, entregables, plazos y honorarios. Los honorarios no deben depender del resultado.
- Entrega de documentación: el cliente facilita contabilidad, contratos, expediente administrativo y cualquier prueba disponible.
- Análisis y borrador: el perito trabaja y puede solicitar aclaraciones; el cliente puede corregir errores de hecho, pero no las conclusiones.
- Informe definitivo: firmado, con anexos y declaración de independencia.
- Seguimiento: ratificación, aclaraciones o contestación a observaciones de la contraparte.
Señales de alerta al contratar
- Garantía de resultados o conclusiones pactadas de antemano.
- Honorarios vinculados a la cantidad que se ahorre.
- Ausencia de metodología explicada o de hojas de cálculo de soporte.
- Falta de disponibilidad para ratificar el informe.
- Plazos irreales que no permiten comprobar la documentación.
Conviene, además, desconfiar de quien presenta el informe como un arma y no como un análisis. El valor de un dictamen ante la Administración o ante un tribunal procede de su capacidad para resistir el contraste: si el perito reconoce las limitaciones de los datos, expone las hipótesis alternativas y cuantifica su efecto, el lector confía en él aunque no comparta todas las conclusiones. Si, por el contrario, todo son certezas, la contraparte tendrá fácil desmontarlo señalando la primera cifra no soportada documentalmente.
Un caso orientativo
Una sociedad familiar recibe una propuesta de regularización que reduce el importe de un gasto por considerar insuficiente su soporte. La empresa contacta con un perito dos semanas antes del fin del plazo de alegaciones. El perito, tras revisar los contratos y la contabilidad, advierte que falta acreditar la utilidad de ciertos servicios y recomienda reunir evidencia adicional (entregables, correos, informes internos) antes de redactar. Con esa evidencia, el informe cuantifica la parte del gasto plenamente justificada y la distingue de la parcialmente documentada. El resultado no es una victoria total, pero sí un debate acotado, con cifras defendibles, en lugar de un enfrentamiento en bloque. La enseñanza es simple: el perito mejora el caso cuando se le deja intervenir con tiempo.
Relación con el despacho jurídico
El perito y el abogado cumplen funciones complementarias. Una defensa fiscal con LRB combina el análisis jurídico con el apoyo pericial, de modo que las preguntas que se formulan al perito encajan con la estrategia del procedimiento. Para conocer su forma de trabajo puede visitar la página sobre la metodología de ValiTax y, para orientar el presupuesto del encargo, la dedicada a los honorarios de los informes periciales.
Conclusión
Contratar a un perito judicial tributario no es un trámite, sino una decisión estratégica. Requiere elegir un profesional independiente y especializado, delimitar con precisión el encargo y aportarle documentación suficiente con antelación. El informe resultante es un medio de prueba reconocido, y su criterio, razonado y verificable, tiene el mismo derecho a ser valorado que el de cualquier otra parte del procedimiento. Puede ampliar el contexto en nuestro artículo sobre el perito judicial tributario en 2026.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre perito de parte y perito judicial?
El de parte lo encarga el interesado y aporta su informe al procedimiento. El designado judicialmente es nombrado por el tribunal. Ambos deben actuar con objetividad y pueden ser examinados por las partes.
¿Puede un perito ser también mi asesor fiscal?
Es desaconsejable en el mismo asunto, porque puede comprometerse la apariencia de independencia. Lo prudente es separar ambas funciones o, al menos, advertir con claridad de la situación.
¿Qué documentación debo preparar?
Expediente administrativo, contabilidad y cuentas anuales, contratos, escrituras, correspondencia relevante y cualquier valoración previa. Cuanto más completa sea la entrega inicial, más sólido será el trabajo.
¿El informe garantiza que Hacienda rectifique?
No existe garantía. Lo que sí hace es introducir en el expediente una prueba técnica que la Administración o el tribunal deben valorar y, si se apartan de ella, motivar.
¿Cuánto cuesta contratar a un perito?
Depende de la complejidad, la documentación y el tiempo necesario. Debe presupuestarse por escrito antes de empezar y no condicionarse al resultado.
Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado